Fiscal del Vaticano pide siete años de cárcel para el cardenal Becciu
Además de la cárcel, pide confiscar alrededor de 460 millones dólares para compensar por las pérdidas causadas por Becciu.
Religión y vida pública: Mientras Becciu es enjuiciado en Roma, en Lima, Perú, el arzobispo Scicluna inició ayer la investigación sobre los abusos sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi pidió a la corte que evalúa el caso del cardenal Angelo Becciu una pena de siete años y tres meses de cárcel en el alegato final del juicio que investiga millonarias pérdidas en un negocio inmobiliario en Londres, capital del Reino Unido.
Diddi pidió además al juez Giuseppe Pignatone que confisque alrededor de 460 millones de dólares para compensar las pérdidas en que incurrió el fondo que operaba el cardenal Becciu desde su cargo como segundo de a bordo, conocido como Sostituto o Substituto de la secretaría de Estado, la segunda entidad más importante en la curia detrás del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Becciu ocupó ese cargo entre mayo de 2011, cuando el papa Benedicto XVI lo nombró bajo las órdenes de Tarcisio Bertone. Permaneció hasta mayo de 2018 cuando fue promovido por el papa Francisco a prefecto de la entonces Congregación para la Causa de los Santos, donde se mantuvo hasta que estalló el escándalo en 2020.
Eso ocurrió el 24 de septiembre cuando fue forzado a renunciar al cargo. Al día siguiente, en una decisión sin precedentes en la historia de la Iglesia, el papa Francisco le despojó del derecho a participar en un futuro cónclave y en otras actividades reservadas a los cardenales de la Iglesia. También le despojó de la inmunidad de la que solían disfrutar los cardenales ante posibles cargos civiles o criminales.
Esa decisión de despojar a los cardenales de la inmunidad o fuero del que gozaban, especialmente quienes se desempeñaban en cargos en la curia romana, se convirtió medio año después, el 30 de abril de 2021, en una de las más notables del legado de Francisco.
Desde entonces los cardenales están sujetos a las mismas reglas que el resto de los clérigos católicos. Como sucede con los funcionarios de otros gobiernos e instituciones globales, desde entonces los cardenales deben presentar, por ejemplo, informes sobre el estado de sus finanzas personales, además de que se impuso un límite de 48 dólares al monto de los regalos que pueden recibir en el ejercicio de sus funciones.
El escándalo que le costó el cargo a Becciu por las pérdidas millonarias en el negocio inmobiliario en Londres no ocurrió durante su gestión como Sostituto de la Secretaría de Estado. Ocurrió un poco después de que fuera promovido a responsable de la Congregación para las Causas de los Santos.
A pesar de ello se le señala, pues todas las decisiones clave ocurrieron durante su gestión en la Secretaría de Estado que, en ese entonces, hasta antes de otra ronda de reformas de Francisco, era la única entidad de la curia romana con un patrimonio y fuentes de financiamiento propias que incluían, entre otros recursos, el dinero que el Vaticano perdió en el negocio inmobiliario en Londres.
El escándalo
El escándalo originalmente emergió luego de que el papa autorizara que se allanaran las oficinas del Sustituto del Secretario de Estado el 1 de octubre de 2019. Para ese entonces, el cargo era ocupado por el arzobispo venezolano Édgar Peña Parra, quien durante la primera década de este siglo se desempeñó como segundo de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México.
Ese allanamiento ocurrió luego de que las autoridades italianas informaran a la Santa Sede, entre otras irregularidades, de la manera en que Becciu había transferido recursos a cuentas privadas administradas por su hermano y que supuestamente existían para ayudar a la diócesis italiana de Ozieri, ubicada en la isla de Cerdeña.
Fue entonces que emergieron mayores detalles de la participación de la Santa Sede en un negocio que la involucraba en el manejo de un edificio ubicado en el número 60 de la avenida Sloane, esquina con Ixworth Place en una de las zonas más caras de Londres. El Vaticano vendió su participación en ese negocio el 1 de julio de 2022.
Las pérdidas en que el Vaticano incurrió luego de vender esa propiedad se estimaron, en su momento, en los 140 millones de euros, una cantidad similar, en ese momento, en dólares de Estados Unidos. La inversión original de la Santa Sede en 2014 fue del orden de 390 millones de dólares, 350 millones de euros al cambio en ese momento.
Originalmente, en 2018, Becciu trató de sacar a la Santa Sede de ese negocio al ofrecer la participación de la Iglesia a Gianluigi Torzi, un inversionista italiano. Lo hizo antes de ser promovido a la Congregación para las Causas de los Santos, que es la responsable de investigar y decidir quién recibe la veneración como santo en la Iglesia Católica.
Cuando quedó claro que Torzi estaba tratando de abusar todavía más del Vaticano, pues quería asumir control de la parte de la propiedad que estaba bajo control de la Iglesia, se le pagaron 15 millones de dólares, lo que agravó las pérdidas para la Iglesia Católica.
La defensa
Se espera que en los próximos días la defensa de Becciu, encabezada por los abogados Maria Concetta Marzo y Fabio Viglione, presente sus alegatos finales en el caso, aunque se antoja difícil que pudieran ir más allá de lo que han argumentado desde que inició el juicio, que se limitan a decir que el cardenal no defraudó a la Santa Sede, pues los recursos aunque girados a nombre de su hermano, siguen a disposición de la diócesis de Ozieri.
En lo que hace al negocio inmobiliario en la capital del Reino Unido, lo explican como un mal negocio del que el cardenal acusado no obtuvo beneficio alguno.
El juez Pignatone deberá publicar su fallo antes de que finalice el año. Es importante destacar que junto con Becciu se enjuicia a otras nueve personas que tuvieron conocimiento del trato en Londres, así como de las transferencias a las cuentas de familiares del cardenal.
Aunque la pena de cárcel puede parecer extrema, dada su edad, 75 años al escribir estas líneas, es poco probable que pudiera llegar a purgar la pena en una cárcel, por lo que lo más probable es que, al menos en su caso, la condena pudiera conmutarse.
También es necesario tener presente que, aun cuando a él lo puede enjuiciar y castigar el Vaticano, dado que en su condición de cardenal y funcionario de la curia usaba un pasaporte de la Santa Sede, la situación con los otros nueve implicados es distinta. En primer término, si bien eran empleados de la Santa Sede no todos ellos usaban un pasaporte vaticano, de modo que las penas tendrían que reclasificarse según la legislación italiana.
En segundo lugar, porque la orden de allanamiento para las oficinas de la Secretaría de Estado fue emitida por el papa Francisco mismo y no por un juez de la Santa Sede. Ello plantea serios problemas, pues no se cumplió con los criterios que establecen las legislaciones penales de otros países europeos.
Finalmente, la probabilidad de que la Iglesia Católica pudiera recuperar los recursos que busca en el juicio es, en el mejor de los casos remota.
Es digno de destacar que este juicio ocurre en momentos en que en Estados Unidos grupos cercanos al Partido Republicano han lanzado una iniciativa llamada "Defund the Bishops" (Quítenle los fondos a los obispos), que trata de evitar que la Iglesia Católica en este país ayude como lo hace a los migrantes.
En fechas recientes, Los Ángeles Press dio cuenta de las severas críticas que el arzobispo de San Antonio, Texas, Gustavo García-Siller hizo a las órdenes que dio el gobernador de ese estado, Greg Abbott, quien se proclama públicamente como católico, de negar agua a los migrantes y de obligarlos a buscar realizar cruces en los puntos más peligrosos de la frontera entre México y Estados Unidos.
García-Siller comparó a quienes actúan así con "asesinos" en un mensaje en Twitter.
Mientras tanto en Lima
Este miércoles continuará el trabajo del arzobispo Charles Scicluna en las oficinas de la Nunciatura Apostólica en la zona metropolitana de Lima. Este martes se le vio caminar por los alrededores de la embajada de la Santa Sede ante el gobierno de Perú acompañado del sacerdote español Jordi Bertomeu, su segundo de a bordo en la investigación de los abusos sexuales en el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana.
Hoy miércoles deben iniciar las consultas con las víctimas y personalidades con algún conocimiento de lo que ha ocurrido en el Sodalicio. Esa organización fue creada a principios de los setenta del siglo pasado en uno de los barrios más ricos de Lima y tuvo entre sus primeros miembros a los hijos de las élites peruanas.
Del Sodalicio he publicado una entrega completa de esta serie Religión y vida pública, además de referencias como parte de la serie sobre los 40 años de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, por lo que no abundaré demasiado en los detalles de cómo ocurrieron esos abusos. Quien desee contar con más información puede seguir los vínculos se ofrecen aquí.
El Sodalicio y el laberinto del abuso sexual en Perú
Vale la pena destacar que la Conferencia Episcopal Peruana publicó una breve declaración en la que daba la bienvenida al enviado de la Santa Sede, como también lo hizo el actual dirigente de esa “orden” de la Iglesia Católica, el colombiano José David Correa.
A mediados de la década pasada, el Sodalicio mismo publicó un informe que reconocía un número muy limitado de casos de abuso. En la elaboración del informe participaron personalidades del mundo judicial, académico y eclesiástico de Perú, pero no hubo castigos sustantivos.
En términos generales, el informe que publicó en su momento esa “orden” se atenía al modelo de los publicados por los Legionarios de Cristo en México y España y por la Compañía de Jesús en Chile y España.
En ese sentido, reconocen los abusos perpetrados por los fundadores Germán Doig (finado) y Luis Fernando Figari, quien se encuentra “recluido” en una propiedad del Sodalicio mismo en Italia.
Sin embargo, como con los legionarios mexicanos y españoles y los jesuitas chilenos y españoles, presentan los abusos como actos aislados, perpetrados por personajes narcisistas, pero que actuaban al margen y sin el conocimiento de las órdenes o de las diócesis en las que esas órdenes tenían obras apostólicas.
La gran incógnita en lo que hace a la investigación que hace Scicluna en Lima ahora es si habrá un salto cualitativo en la manera en que se explica qué ocurrió en el Sodalicio o sí, como hizo el propio Scicluna en México cuando investigó a la Legión de Cristo, culpará de todo a Doig y Figari como en su momento hizo con Marcial Maciel.
Otra incógnita que habría que despejar es si los miembros del Sodalicio se desistirán de todos los juicios que promueven contra los periodistas peruanos que no publicaban calumnias, sino la verdad sobre lo que ocurría ahí.
El papa Francisco habla, entre otras cosas de la “espiritualidad de la reparación”, pero para los señores miembros del Sodalicio todas las personas que escribimos en medios de comunicación sobre los abusos perpetrados por el Sodalicio y otras órdenes somos sus enemigos.
Es difícil creer en una “espiritualidad de la reparación” cuando se trata de encarcelar a quien denuncia lo que la Iglesia misma considera que son pecados mortales.
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