México: Voto, veto y aborto en la elección de 2024

El catolicismo, como otras iglesias cristianas, vota o veta candidatos, según su postura sobre el aborto.

Religión y vida pública: Obando “se entregó” por completo a Ortega en Nicaragua y en el pecado llevó la penitencia. Ahora los obispos mexicanos deben decidir qué harán con el aborto de cara a la elección de 2024.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Adelantado como está el calendario electoral mexicano, es inevitable hablar ahora de cuál será la posición que la Conferencia del Episcopado Mexicano asumirá de cara a la elección de 2024.

Tristemente, a pesar de lo mucho que generaciones previas de obispos mexicanos escribieron sobre la democracia y lo que ese régimen de gobierno implicaba, cuando Carlos Salinas de Gortari les ofreció la reforma del artículo 130 de la Constitución y ofreció, al mismo tiempo, a Juan Pablo II el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, todo aquel fervor democrático acabó.

Si Ernesto Corripio Ahumada, Adolfo Suárez Rivera y Sergio Obeso Rivera, confrontaron a José López Portillo y Miguel de la Madrid por la manera en que se resolvían elecciones a macanazos en estados como Nuevo León, Sonora o Chihuahua, Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y José Guadalupe Martín Rábago asumieron siempre que pudieron una actitud de docilidad extrema, uno podría decir ovejuna, al compararla con la de sus predecesores, ante Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.

No es que el país hubiera mejorado. Lejos de ello, si nos atenemos a todos los indicadores disponibles en materia de desarrollo, con excepción de los relativos a la escolaridad, las cosas empeoraron en México desde los años en que Suárez Rivera fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre 1988 y 1994, a los años en que José Guadalupe Martín Rábago lo fue, entre 2003 y 2006.

Lo que cambió, y esa es la clave del silencio que marcó el desempeño de los obispos mexicanos fue, además de los cambios en el artículo 130, que era la suma de todos los absurdos del derecho público no sólo en México o América Latina, sino a escala global, los presidentes emanados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, entendieron que, “para llevar la fiesta en paz” con los obispos bastaba con darles leyes que prohibieran el aborto.

Esa fue la “revelación” que orientó muchas de las decisiones de Daniel Ortega en la Nicaragua de la primera década de este siglo. Aceptó las condiciones que le fijó el entonces cardenal y arzobispo de Managua, Miguel Obando Bravo.

A cambio de ello, como se describió en la primera entrega de esta serie Religión y vida pública, Obando aceptó calladamente que Ortega impusiera un congreso que le fuera dócil y, sobre todo, aceptó que impusiera un poder judicial que desoyera cualquier objeción en materia de aborto.

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Religión y política en Nicaragua

Que los mismos jueces que aceptaron la draconiana legislación que en materia de aborto impuso la coalición Ortega-Obando en Nicaragua sean los que ahora convalidan la confiscación de bienes de Iglesia Católica, así como el arresto o el destierro de los obispos y sacerdotes que expresan críticas a Ortega, debería ser una contradicción suficientemente alarmante para cualquier observador de la escena política en América Latina.

Con la Guardia Suiza

Tristemente, lejos de que la Iglesia y, sobre todo, los obispos nicaragüenses reconozcan sus propios errores, se victimizan. Los más radicales entre quienes no ven los erroresde la propia Iglesia en Nicaragua, culpan al papa Francisco por no intervenir, como si él hubiera sido papa cuando, en 2006 inició el acercamiento entre Ortega y Obando o como si pudiera enviar batallones de la Guardia Suiza a deponer el gobierno de Ortega.

Incluso hay entre los críticos del papa Francisco quienes le reprochan el que no excomulgue a Ortega, como si la excomunión fuera importante para el caudillo centroamericano.

Cardenal Miguel Obando, arz. de Managua, ca. 2006.

En todo caso, en México, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, el “llevar la fiesta en paz” con la jerarquía católica no fue algo que se hiciera por medio de la legislación federal. Se hizo, en cambio, a través de las constituciones y las leyes secundarias de las entidades de la República.

Esa ruta, elegida desde la cúspide misma del poder en México, tenía en sí misma el germen de su destrucción. Cuando Marcelo Ebrard Casaubón fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, aprovechó ese diseño institucional seguido por Zedillo y Fox, para abrirle la puerta en 2009 a la interrupción legal del embarazo o aborto en la capital de la República, durante la presidencia de Calderón.

Más recientemente cuando, abrumado por las críticas de la izquierda de su Movimiento de Regeneración Nacional, debió enfrentar el asunto, Andrés Manuel López Obrador siguió una ruta similar.

Lejos de irse a una discusión en el legislativo, que hubiera implicado alguna reforma de la Constitución General de la República, dejó que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, resolviera en 2021 el problema de la congruencia de las constituciones de estados como Sinaloa con la Constitución General de la República en materia de aborto.

Lo que resultó de ese movimiento lo hemos atestiguado todos. López Obrador, que sostiene una posición ambigua en torno al asunto, pues nunca ha dicho de manera clara qué piensa o qué cree respecto del aborto, a pesar de sus casi 30 años como figura de la vida pública nacional, se lavó las manos.

La reacción de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue notoria. Luego de muchos años, más de 20, de no publicar algún documento crítico sobre las políticas seguidas por el gobierno federal de México, algunas de las figuras más mediáticas del episcopado mexicano hicieron todo tipo de críticas al actual gobierno.

El último documento del Episcopado que expresó alguna crítica más o menos articulada del modelo de desarrollo y los efectos de ese modelo, fue la carta pastoral Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, publicada en 2000 y que ya no está disponible en el sitio de la CEM.

Uno debe hurgar en los sitios de algunas de las diócesis mexicanas, como en el caso de la arquidiócesis de Tijuana, para dar con él, de otro modo, no se le encuentra.

El silencio de los obispos mexicanos en las últimas dos décadas es más ensordecedor en la medida que uno considera la manera en que se acumularon los muertos por la violencia desatada por la guerra contra el crimen organizado de Calderón.

Nunca hubo durante el gobierno de Calderón o el de Enrique Peña Nieto, algún pronunciamiento explícito contra las políticas que seguían esos gobiernos en materia de seguridad pública. Ni siquiera los hubo en los primeros tres años del gobierno de López Obrador.

Aunque hubiera otros aspectos del “estilo personal de gobernar” de López Obrador que aterrorizara a los obispos, ellos estaban dispuestos a guardar las formas y evitar las críticas de la Cuarta Transformación.

Esa tregua de facto murió, sin embargo, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucionales las leyes que, a escala estatal, penalizaban severamente el aborto.

La muerte de la tregua fue facilitada, no cabe la menor duda, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, quienes ejercían su ministerio en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

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Sin embargo, sería ingenuo perder de vista que antes del asesinato de esos dos hijos de san Ignacio de Loyola, muchos otros sacerdotes fallecieron en México y en ninguno de esos casos previos los obispos mexicanos estuvieron dispuestos a articular el tipo de movilización que hemos visto en fechas recientes.

Es una movilización que no puede ser explicada sólo por el asesinato de los padres Campos Morales y Mora Salazar, aunque es claro que es mejor que la Iglesia haya despertado del sopor en el que se mantuvo gracias a los acuerdos en materia de legislación antiaborto.

Esa reacción de los obispos mexicanos tiene que comprenderse en la lógica más amplia del enojo de los obispos por los cambios en materia de aborto. En ello pesa también su deseo de replicar el modelo que sigue en este asunto la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, gracias a sus vínculos con el Opus Dei y organizaciones que, como se ha documentado en entregas previas de esta serie, han logrado capturar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

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Adiós macroinflujo, adiós

También evidencian su desdén por la manera en que la Conferencia Episcopal Argentina evitó morder el anzuelo que, desde la Casa Rosada, le tiró Alberto Fernández cuando, en medio de la pandemia de coronavirus, decidió despenalizar el aborto a escala nacional en Argentina. Los obispos argentinos, mucho más cercanos en este asunto al papa Francisco, han entendido el riesgo implícito en hacer del aborto el tema clave de su participación en la vida pública.

Lejos de replicar los errores de los obispos de Estados Unidos, de los de Nicaragua, Honduras, El Salvador y México mismo, la posición de los obispos argentinos ha sido la de acercarse más a su pueblo, como lo resume el lema episcopal del nuevo arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva: “no apartes tu rostro del pobre” que no, no es un lema del peronismo. Es un versículo del capítulo 4 del libro de Tobías, uno de los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia.

"No apartes tu rostro del pobre", lema episcopal de Jorge García Cuerva, nuevo arzobispo de Buenos Aires. Foto: de su toma de posesión, 15 de julio 2023, del Facebook de la diócesis de Río Gallegos.

Los obispos argentinos, conscientes acaso de los errores de Obando, de ellos mismos en los noventa y de los obispos de otros países de América Latina, han dejado de apostarle a la lógica del “macroinflujo”.

Es decir, luego de haberlo hecho en los noventa, por ejemplo, cuando pactaron con Carlos Saúl Menem la prohibición del aborto en la Constitución de 1994, han comprendido qué tan estéril es ese enfoque que, de una u otra forma, les obliga a convertirse en peones de peronistas o radicales, los dos partidos históricos del sistema político argentino.

Y es que no hay garantía de que permanezcan para siempre en el poder, ni la hay de que un peronista como Alberto Fernández pudiera considerarse obligado a respetar lo que pactó Menem, que también era peronista.

Lamentablemente esa sigue siendo la apuesta de los obispos en México, que hecha desde finales de los noventa les permitió obtener de Zedillo y Fox las leyes antiaborto a escala estatal que ahora caen una tras otra en todo México luego de la decisión de la Suprema Corte de Zaldívar.

La responsabilidad jurídica de esos cambios, en todo caso, recayó en Zaldívar y, desde entonces, han sido los congresos estatales controlados por Morena los que han reformado las legislaciones locales, incluidas las constituciones, de modo que no prevalezca la prohibición casi absoluta de todos los abortos. Esa tendencia, sin embargo, ya estaba presente como lo demuestra—entre otros casos—la reforma de 2020 en Guerrero.

Absurdos jurídicos

La prohibición derivó en absurdos jurídicos como el de la señora Dafne McPherson que, sin desearlo, perdió a su hijo (o hija) como producto de un aborto espontáneo mientras trabajaba en un centro comercial de Querétaro capital.

Que a la señora McPherson nunca se le haya compensado por los años que pasó en la cárcel, hace más grave la realidad con la que los obispos mexicanos estaban tan contentos y les impedía formular críticas a otros aspectos de la vida pública mexicana, como la constante erosión de la calidad de vida o la violencia que nos ahoga desde hace ya casi 18 años.

Que ese tipo de legislaciones causaba problemas incluso a los gobiernos que las habían impulsado se puede observar en la manera en que la candidata presidencial de Acción Nacional en 2012, Josefina Vázquez Mota, rechazó durante su campaña criminalizar el aborto a escala federal y se pronunció en contra de las legislaciones que castigaban entonces con cárcel incluso a las mujeres que sufrieran abortos espontáneos.

Ese discurso habla, siempre que puede, de la necesidad, incluso el deber—según ellos—de prohibir todos los abortos, sin excepción alguna.

Y lo que es peor, no consideran las posibles consecuencias de imponer penas de cárcel, como si fueran homicidios, a personas como la señora McPherson en Querétaro. Pierden de vista que ni siquiera fue algo que ella hubiera buscado. Ocurrió, porque el aborto espontáneo, lo mismo que el aborto por embarazo ectópico, son realidades ineludibles de la biología humana que la extrema derecha católica de la actualidad simplemente no acepta.

Esas actitudes tienen su origen en una lectura fundamentalista de la doctrina y la tradición del catolicismo y tienen que ver más con la pretensión de grupos radicales del catolicismo de dar forma a teocracias católicas. Ese fue el paso, por cierto, que el cardenal Obando no dudó en dar cuando decidió convertirse en un aliado clave de Ortega en Nicaragua.

No es algo que esté descrito o prescrito así en la doctrina del catolicismo. Basta considerar, en ese sentido, las diferencias entre la manera de entender la doctrina católica en materia de aborto entre dos generaciones de políticos católicos en Estados Unidos.

La primera es la generación de católicos demócratas a la que pertenece el actual presidente de ese país, Joe Biden, y pertenencía el exgobernador de Nueva York Mario Cuomo, fallecido en 2015, quien fue uno de los primeros en articular la posicion de su partido en materia de aborto. Para Cuomo, Biden y otros demócratas católicos, el aborto debía rechazarse como una decisión personal, pero no había razón para que los católicos impusieran su manera de entender esa realidad en la forma de leyes.

La segunda son las generaciones de católicos republicanos a las que pertenecen Clarence Thomas y Amy Coney Barrett que, por medio de sus resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos han dado forma a lo que para distintos observadores de la vida pública en ese país es el prólogo de una teocracia, sin que para ellos exista reparo u objeción alguna a convertir su manera de entender la doctrina en ley o, por lo menos, jurisprudencia.

El caso de Xóchitl Gálvez

La postura de Xóchitl Gálvez, evidente en su cuenta de Twitter, en la de Facebook y en otros registros públicos, es más cercana a la de los demócratas estadunidenses Cuomo o Biden.

Gálvez comparte con Vázquez Mota la indisposición a encarcelar a mujeres que decidan abortar, pero agrega su disposición a celebrar también fechas como el Día del Orgullo de las personas de la comunidad LGTBQ+, además de que toma distancia de las posiciones de extrema derecha católica global, como lo demostró su actitud ante la visita de líderes de Vox, el partido español, al Senado en México.

Esas actitudes de Gálvez la ha convertido en blanco de ataques, vetos en más de un sentido, de la extrema derecha católica de México y otros países de América Latina.

La próxima semana continuaré el análisis de este aspecto de la vida pública en México y América Latina. Para entonces habrá resultados de las elecciones en España, lo que permitirá derivar algunas de las posibles respuestas de los obispos mexicanos ante la eventual candidatura de Xóchitl Gálvez que, desde luego, está muy lejos de ser de su agrado.

Sólo adelanto como uno de los vetos que ya se lanzaron contra ella es el de Eduardo Verástegui, un autoproclamado “líder de los católicos mexicanos”, "cargo" sobre el cual, yo, como católico practicante, nunca he sido consultado, pero que se nos presenta como si fuera una suerte de título otorgado por el papa mismo, a pesar de la tortuosa relación de Verástegui con lo más atrabiliario del catolicismo mexicano: la Legión de Cristo.